Análisis a Fondo: Las venas abiertas del subsuelo mexicano

jueves, 13 de octubre de 20160 comentarios


Por: Francisco Gómez Maza

-Los beneficiarios, por obra y gracia del gobierno mexicano, las mineras canadienses

-Chiapas, por ejemplo, de ser una selva será convertido en un páramo

En días pasados, el diario neoyorquino, The New York Times, denunció que los canadienses están de regreso: Justin Trudeau y el lodo de las mineras canadienses en América Latina, titula un reporte de Jaime Porras Ferreyra, doctor en ciencia política por la Universidad de Montreal, consultor en temas internacionales y comentarista en medios de España y América Latina.

Y Chiapas está en la mira de Trudeau y sus compinches. Una zona selvática, de la que ya queda muy poco, será convertida en un erial por las mineras canadienses, ante la vista gorda de los gobiernos federales mexicanos, especialmente el de Enrique Peña Nieto, que si pudiera venderle a los gringos la Virgencita de Guadalupe, lo haría. Júrelo que lo haría. Lo terrible es que su propiedad es de un chino, Wu You Ling. quien la registró como "Virgen de Guadalupe", ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual hace años.

Un llamado Movimiento contra la Minería a Cielo Abierto, ha manifestado, desde hace algún tiempo, su preocupación porque están en puerta, o ya se materializaron en Chiapas 99 concesiones mineras, a 50 años de funcionamiento. Es decir, hasta el 2060, empresas extranjeras canadienses y chinas, extraerán 13 metales, entre estos, oro, plata, cobre, zinc, fierro, plomo y titanio. El saqueo impulsado por el propio gobierno mexicano. Si pudieran, permitirían saquear palacio nacional o el museo de Chapultepec.

Estas concesiones, más las que se encuentran suspendidas a raíz de las movilizaciones, equivalen a un millón de hectáreas, en 16 municipios, principalmente en las regiones Sierra y Costa.

La minería ocasiona daño ecológico y ambiental irreversible, porque el suelo ya no se recupera, pero además, se violentan todos los derechos humanos de la población, se afecta la salud y la producción. También se afecta el acceso al agua, el derecho a la educación, incluso el derecho al tránsito, porque las empresas se posesionan del territorio. 

En el estado de Chiapas, Mexico, 6 importantes compañías mineras internacionales están operando en distintas etapas del proceso de explotación. Existen dos compañías con minas abiertas y funcionando, mientras las demás siguen en las etapas de exploración y construcción. Dichas compañías están buscando oro y plata pero también están extrayendo baritina, titanio, magnetita (mineral de hierro) y cobre. 

Una de las principales compañías en Chiapas es Blackfire Exploration Ltd., cuya sede se encuentra en Alberta, Canadá y tiene como lema "Explorando agresivamente y desarrollando Chiapas, México". A través de varias empresas subsidiarias o intermediarias ha adquirido 27.412 hectáreas para su exploración y explotación. Tiene abierta una mina de baritina en la municipalidad de Chicomuselo y planea abrir dos más para 2012 en la Sierra. 

Otra compañía, Linear Gold Corp. tiene derechos de exploración sobre 198.416 hectáreas y explota una mina de oro a través de dos empresas intermediarias, en la municipalidad de Ixuatán en el Norte de Chiapas. Tiene además una serie de proyectos, incluyendo la posibilidad de abrir una mina de oro en la municipalidad de Motozintla. 

Las otras cuatro compañías (3 canadienses y una chilena) no han empezado aún a explotar minas como tales, pero sí tienen concesiones para la exploración y en unos casos también para la explotación. Se trata de Radius Gold Corp. (con 103.210 hectáreas), Fronteer Development Group (con 208.392 hectáreas), New Gold Inc. (con 246.249 hectáreas), y CODELCO (compañía chilena que explota el cobre con 121.831 hectáreas). Dichas compañías obtuvieron concesiones en 31 municipalidades del estado, aunque la mayoría se encuentran en la Sierra. 

De las 97 concesiones 37 de ellas –que representan el 38% del total- vencen en la década del 2050.2 De todas estas concesiones 4 terminan en el año 2054 y se ubican en 3 municipios (Escuintla, Pijijiapa y Solusuchiapa donde está la inmensa mayoría de las hectáreas concesionadas hasta el 2057) y cuyas minas son propiedad de Sociedad Cooperativa Unidad Piedritas de Bienes y Servicios, S.C.L. de CV y Minera San Francisco del Oro, SA de CV con dos proyectos cada empresa. 

Para el año 2056 son 17 concesiones mineras que terminan en ese año y están ubicados en 9 municipios (Amatenango del Valle, Coapilla, Copainalá, Motozintla, Pichucalco, Rayón, Siltepec, Tapachula y Villa Comaltitlán). De todas ellas 9 pertenecen a la transnacional canadiense Linear Gold con un total de 120,744 hectáreas en 6 municipios (Copainalá, Pichucalco, Rayón, Amatenango del Valle, Villa Comaltitlán y Motozintla). 

Para el año 2057 terminan los permisos para 11 concesiones otorgadas por 50 años y están ubicadas en 8 municipios (Ocozocoautla, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Venustiano Carranza, Villa Flores, Motozintla, Escuintla, Mazapa de Madero). La empresa de Chile CODELCO tienen 2 minas con 121,831 hectáreas en Motozintla y Escuintla. Por su lado, la canadiense Radius Gold/Geometales del Norte es dueña de 103,210 hectáreas con 6 proyectos mineros en 5 municipios (Ocozocoautla, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Venustiano Carranza y Villa Flores). Otras fuentes federales y oficiales manejan cifras diferentes en cuanto a la extensión territorial en Chiapas que oscila entre los 70 y 76 mil kilómetros cuadrados. Tomamos la extensión media. 

 "Canadá está de regreso", ha dicho Justin Trudeau —carismático y bilingüe— en reuniones internacionales, como para mostrar la impronta que quiere darle a la política exterior canadiense respecto de la de su predecesor, Stephen Harper. El primer ministro de Canadá ha empleado en sus discursos términos muy precisos: justicia, cuidado medioambiental, democracia, derechos humanos. Incluso se atrevió a evocar alguno de ellos en su visita oficial a China hace algunas semanas, pero los chinos no lo aplaudieron por eso, sino por sus sonrisas y propuestas de negocios, de acuerdo con el reporte de Porras Ferreyra en el TNYT. 

Trudeau ya ha dado algunos pasos. Acogió a miles de refugiados sirios, incluyó a Canadá en la lucha contra el cambio climático y ofreció tropas para los cascos azules. América Latina comienza también a sentir los efectos de este viraje diplomático. A partir de diciembre, los mexicanos ya no tendrán que tramitar visa para viajar a Canadá. Además, el gobierno canadiense anunció hace unos días un paquete de ayuda a Colombia —en el marco de la firma de los acuerdos de paz— para auxiliar a los desplazados y apoyar en la reforma de los cuerpos policiales. Aunque se desconoce qué pasará con esta ayuda a raíz del triunfo del No en el plebiscito.

La Trudeaumanía avanza en el mundo entre ciertas acciones, un estilo fresco y palabras de terciopelo, pero puede que esté apuntando demasiado lejos al prometer a mansalva. Trudeau ha levantado esperanzas tan grandes que resulta difícil comprender su mutismo ante uno de los temas más importantes para los latinoamericanos; el mismo que ha provocado que la imagen de Canadá porte gruesas capas de lodo: el reprobable proceder de varias mineras en la región, sobre todo desde que Harper promovió con tesón la presencia canadiense en el sector extractivo fuera de sus fronteras. En los últimos años, entre 50% y 70% de la actividad minera en América Latina ha estado a cargo de compañías de Canadá. 

Trabajos periodísticos e informes como el del Consejo de Asuntos Hemisféricos y el del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina han mostrado que empresas canadienses dañan el medioambiente, fuerzan desplazamientos de personas, ignoran la voz de comunidades autóctonas, intentan influir en el diseño de leyes nacionales y apoyan la criminalización de la protesta social, entre otros puntos.

Indígenas guatemaltecas acusan a Hudbay Mineral Inc. de estar detrás de un desalojo de las tierras donde habitaban. Las mujeres sufrieron agresiones sexuales y sus hogares fueron quemados durante el operativo. En Zacatecas, México, grupos responsabilizan a la compañía Goldcorp de contaminar los mantos freáticos y de afectar la vida silvestre por sus actividades en la mina Peñasquito. Además de Guatemala y México, la situación es preocupante en países como Perú, Chile, Argentina, Panamá y Honduras. El tema ha sido expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, un informe de la ONU sobre Canadá y los derechos humanos publicado en julio de 2015 incluía la inquietud por los abusos de mineras canadienses en el extranjero.

La llegada de Justin Trudeau al cargo de primer ministro ha oscilado entre la esperanza y el pesimismo para poner freno a estas prácticas. Hay que recordar sus mítines en campaña afirmando que sería la antítesis de Harper en política exterior. Un signo positivo es que, cuando era diputado, Trudeau votó a favor de una propuesta de ley presentada ante el parlamento por su colega liberal John McKay en 2010. La propuesta C-300 buscaba imponer sanciones a compañías extractivas canadienses envueltas en actividades ilegales fuera del país. El proyecto finalmente fue derrotado por los votos conservadores. Sin embargo, los liberales no han retomado el tema desde que están en el poder. ¿Acaso preparan una dulce sorpresa o simplemente desean preservar el statu quo?

En abril de este año, Trudeau recibió una carta donde más de 180 organizaciones no gubernamentales de América Latina y de otras latitudes, le piden realizar reformas que regulen seriamente la actividad de las mineras canadienses en el exterior. Harper creó en 2009 la Oficina del consejero en responsabilidad social de las empresas de la industria extractiva, aunque dicho órgano se enfoca en dar consejos técnicos y en favorecer el diálogo entre partes en conflicto. Los liberales catalogaron la iniciativa como insuficiente cuando se encontraban en la oposición, pero ahora que son gobierno siguen contando con ella. Y, hasta el momento, no ha existido respuesta oficial a la misiva que recibió Trudeau.

No hay que tener el cerebro de Kasparov para comprender que la culpa va más allá de las compañías canadienses. Es conocida la larga lista de problemas en América Latina que contribuyen a esta situación: deficiencias en los sistemas de justicia, facilidad para torcer leyes a cambio de sobres llenos de dólares, deseos de crear fuentes de empleo pese a los altos costos sociales, económicos y medioambientales, entre otros. No obstante, el gobierno de Canadá debe también asumir sus responsabilidades. Los informes subrayan que las autoridades canadienses han apoyado con vigor a las compañías mineras en el exterior sin contar necesariamente con la información que asegure su respeto por los derechos humanos y el medioambiente. Además, el discurso oficial grita a los cuatro vientos que las cosas están cambiando, que ha salido el sol luego de tantos años nublados.

Transitar hacia una diplomacia que tome en cuenta las múltiples preocupaciones globales señaladas por Trudeau no es tarea sencilla, sobre todo cuando ello exige tocar puntos neurálgicos de la economía canadiense. De acuerdo con la Asociación Minera de Canadá, esta industria contribuyó con el 3.5% del PIB del país en 2014 y el 66% de los activos mineros canadienses están ubicados en el exterior. Justin Trudeau no es el primer político que debe hacer frente a dilemas de esta naturaleza, aunque se recuerdan pocos ejemplos de líderes empuñando tantas banderas al mismo tiempo. Ya se sabe: la coherencia entre hechos y palabras es prueba de gran estatura política. Trudeau haría bien en adherirse sin excepciones a los principios que figuran en su visión internacional.

Los distintos informes incluyen recomendaciones para combatir el problema, destacando la creación de un organismo canadiense de monitoreo con verdaderas atribuciones, la posibilidad de presentar demandas por parte de individuos o grupos afectados en el exterior ante instancias legales de Canadá, y el cese de toda ayuda gubernamental a empresas involucradas en violaciones a los derechos humanos. Acciones de este tipo contribuirían significativamente a reducir el impacto negativo de la minería canadiense fuera de sus fronteras. Trudeau defendería la justicia, el cuidado medioambiental, la democracia y los derechos humanos al intervenir en el tema. Tiene la oportunidad de matar varios pájaros de un tiro y de obtener el reconocimiento permanente de millones de personas que han tomado muy en serio su compromiso global. De otro modo, la decepción sería colosal, de acuerdo con el autor del artículo del The New York Times, publicado ya este miércoles 12 de octubre en http://www.analisisafondo.com/economia/negocios/item/24015-justin-trudeau-y-el-lodo-de-las-mineras-canadienses-en-am%C3%A9rica-latina.html

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